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César Artiga

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César Artigahace 4 años La participación es el principal medio de implementación de toda política pública y de convenios o acuerdos internacionales, a su vez es el elemento realizador de la paz y la seguridad, partiendo de la premisa fundamental que el involucramiento de la ciudadanía es un compromiso ineludible para avanzar en democracia y gobernanza ambiental en la región.Para la realización plena y efectiva de los derechos de acceso (información, participación y justicia) que establece el Acuerdo de Escazú, comparto los siguientes puntos que considero son esenciales para dar cumplimiento al mandato que establece el Acuerdo para las personas representantes del público:1- Ampliar y profundizar en los logros que ya han alcanzado en términos de participación del públicoLas personas representantes salientes y los equipos de trabajo que les acompañaron en su mandato, han realizado un excelente trabajo para garantizar que el público sea parte de todas las etapas, ámbitos y niveles de las negociaciones y entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, un elemento muy importante que asumiré en caso de resultar electo como persona representante del público, será asegurar que no hayan retrocesos sobre la base de lo que ya caminado.2- Acompañar los esfuerzos e iniciativas regionales y nacionales de sensibilización social e incidencia política sobre el Acuerdo de EscazúEs importante dar acompañamiento a los espacios ciudadanos y grupos de sociedad civil que lideran en sus países las acciones de sensibilización, promoción e incidencia para la ratificación y/o adhesión al Acuerdo de Escazú. Una de mis prioridades será apoyar estas iniciativas, tal y como los representantes salientes lo hicieron con la gestación de procesos en diferentes países de la región y que a la vez les permita a los grupos nacionales, movilizar respaldo político y apoyos técnicos para diseñar estrategias y campañas a nivel nacional.3- Compartir e intercambiar experiencias entre países y grupos en la regiónEs clave que se compartan lecciones aprendidas y buenas prácticas entre todos los actores y sectores involucrados y con mandatos específicos en el marco del Acuerdo de Escazú. Hay algunos países que en su legislación y normativa interna ya establecen herramientas y medidas para las disposiciones que establece el Acuerdo, en ese sentido es urgente y necesario que los países que ya han logrado dar avances, compartan sus experiencias y metodologías con los países que aún no lo han trabajado, para que esto permita crear condiciones a nivel nacional y desarrollar capacidades al interior de las instituciones y organizaciones de cara a la implementación efectiva del Acuerdo. Para este propósito será necesario fortalecer el Observatorio del Principio 10 y ampliar su contenido con las experiencias acumuladas de la sociedad civil o la creación de un centro de intercambio regional que documente y sistematice las contribuciones ciudadanas de cara a la implementación del Acuerdo. 4- Apoyar en el diseño y ejecución de planes de acción sobre género, pueblos indígenas, juventudes y espacio cívico Resulta imprescindible que para operativizar de manera oportuna las disposiciones que establece el Acuerdo de Escazú, se diseñen e implementen planes de acción específicos, priorizando los temas y grupos que están enfrentando mayores condiciones de exclusión y que han sido histórica y sistemáticamente invisibilizados en la región, tales como: mujeres, juventudes, pueblos indígenas y afrodescendientes. A la vez, se vuelve trascendental que Escazú sea un instrumento para fortalecer el espacio cívico, que está viviendo severos riesgos de cierre en muchos países de la región. Este entendimiento de trabajo debe contener un compromiso interseccional, intergeneracional e intercultural con enfoque de género y derechos humanos.5- Impulsar la creación de protocolos de protección y seguridad para personas defensoras del ambiente, el agua y la tierraEn conjunto con las organizaciones, redes y colectivos de la región, es necesario impulsar el diseño y creación de protocolos compartidos y homologados para propiciar condiciones de protección y seguridad dirigidos a personas defensoras del ambiente, el agua y la tierra, así mismo será necesario movilizar recursos internos y externos para consolidar los protocolos y/o mecanismos regionales, nacionales y/o territoriales que ya están dando respuestas a los retos y desafíos que enfrentan los grupos y personas defensoras para ejercer su labor en condiciones de seguridad, que en muchos de los casos funcionan de manera autogestionada y desde sus propias expresiones y formas de organización social, siendo y reconociendo a estos como soluciones endógenas que los pueblos y comunidades adoptan para continuar con su legado ancestral y compromiso con la defensa y cuidado de la naturaleza y el bienestar de los pueblos.