PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES

Estimado Pablo: Gracias por tu pregunta . Soy María José Lubertino, candidata de la Red de Defensoras del Ambiente y en Buen Vivir y de la Asociación ciudadana por los Derechos Humanos. Es trascendente el Acuerdo de Escazú y esta fase del proceso crucial porque debemos operativizar el Principio 10 en materia de acceso a la información, acceso a la justicia, participación ciudadana, defensa de defensores y mecanismos para la implementación eficaz de los estudios de informe ambiental, estableciendo estandares comunes para la región que reglamenten los derechos conquistados. Si no garantizamos la eficacia, los tratados y las constituciones son letra muerta. Como representante del público no creo que deba actuar a título individual en esas definiciones. Creo que debemos organizar un espacio serio de intercambio y debate para formar posición como colectivo y avanzar con ese mandato y alguna flexibilidad para el proceso de negociación. Dicho esto te comparto mis opiniones personales producto de la opinion de los colectivos que respresento hasta ahora. 1) Extensión de la participación en la toma de las decisiones que tienen impacto ambiental. El primer problema a afrontar es qué se somente a la participación ? esto depende de cada pais hasta ahora. En general es tramposo el lenguaje de las normas que someten a estudio de impacto ambiental y a vaces a audiencia publica lo que juzgan de "relevante impacto" y alli hay una trampa porque probablemente algun tecnocrata gubernamental dice que algo no es de relevante impacto. Creo sinceramante que hay que acanzar hacia una DEMOCRACIA AMBIENTAL PARTICIPATIVA. Esto es que desde ANTES de sancionar una ley o desde ANTES de definir una politica publica u OBRA deberia haber participacion ciudadana. Que debe dejarse de ver las cuestiones de manera segmentada, puntual o aislada y pensarse de manera holistica o integral sobre las afectaciones al ambiente. Hay elemento de los paneles de Cambio climático y de bidiversidad que deberiamos argumentar para promover la participacion ciudadana antes, durante y despues ...de una obra, proyecto , ley, politica publica ...y en su seguimiento. Son fundamentales los estandares que podamos establecer para los necesarios Estudios Ambientales estratégicos. 2) Diseño institucional: Lo antes dicho nos lleva a pensar la institucionalidad. El Acuerdo de Escazu nos da margen para establecer estandares institucionales como presupuestos minimos regionales. Esto es que las legislaciones nacionales podrán estar por encima de esos estandares pero nunca por debajo. Yo propondría: a- Procedimiento de redacción participativa de leyes b- Audiencias publicas vinculantes en caso de oposición a un proyecto o si no se acepta que sean vinculantes. Audiencias públicas que si el PE o el PL quiere seguir adelante a pesar de la participación ciudadana en contrario, que deba ser obligatorio una consulta popular o plesbiscito. c- Participación ciudadana previa, durante y posterior al proyecto. Creo que es importante tomar en cuanta los Acuerdos europeos de Espoo y de Aarhus y revisar los estandares en la legislacion comparada que puedan ayudarnos. 3) Para mi debe ser vinculante. Sin embargo propuse en el punto 2 una solucion por si no se acepta. Te invito a ver más información sobre mi en : https://www.cepal.org/sites/default/files/lubertino_beltran_maria_jose.pdf

La participación de la población en las decisiones ambientales es un pilar de la democracia. No puede limitarse a espacios de socialización de decisiones tomadas por fuera de sus territorios. Por tanto, el nivel local es el primer escenario donde debe consultarse a las comunidades, desde el diseño de los proyectos ambientales, teniendo en cuenta los estándares internacionales ambientales y de derechos humanos. Enseguida, la formulación técnica debe contar con momentos de retroalimentación e incorporación de decisiones comunitarias, tales como la veda o moratoria a proyectos empresariales extractivos, por ejemplo, que permitan innovar en formas distintas las relaciones entre las instituciones dedicadas al Ambiente. Eso implica una revisión de los mandatos y alcances de cada institución, su coherencia con políticas públicas más amplias, como las de inversiones en tratados de comercio, incentivos para las empresas y construcción de consensos entre prioridades del desarrollo y crecimiento económico. Así, el valor institucional de las decisiones de la población deberán estar en el centro del diseño de las políticas públicas, para las líneas base, los diagnósticos de necesidades y las medidas de remediación, mitigación y prevención del daño ambiental y en derechos de la población.

hola @Pablo Martín Fernández Barrios o mejor dicho Tocayo! Creo que el tema que abordas es esencial para este proceso. Tenemos que partir de la base que Escazú nos está permitiendo implementar un nuevo paradigma no solo jurídico, sino político (en el sentido más noble y amplio de la palabra: en tanto Polis quiere decir Ciudad, y en la que la base de la política somos los ciudadanos los actores clave). Bajo este enfoque tenemos que entender que a las personas residentes en cualquier espacio territorial durante muchos años se les ha considerado como simples observadores de los procesos de toma de decisiones relacionados con el ambiente natural, cultural, territorial o urbanístico por ejemplo. Por ello en el peor de los casos se les "informa" parcamente, o se les manipula con procesos amañados de "participación ciudadana", no se abren expedientes completos con información amplísima previamente al anuncio de proyectos, planes, programas, obras o en general actividades que alteran o modifican los citados ambientes. Esto es así ya que desde la "política tradicional" se parte de la idea de que el ciudadano al elegir a sus representantes políticos ya les otorgó una licencia para actuar en su nombre, olvidándose de sus representados. Por tanto al implementarse planes, proyectos, inversiones etc, es más fácil mantener al ciudadano desinformado, apático y sin canales efectivos de información para que las decisiones públicas se tomen más rápidamente o en el peor de los casos, de acuerdo a intereses depredadores del ambiente. Esto es recurrente en toda nuestra región y lo vemos a diario en nuestra experiencia de consultoría y litigio especializado en materia ambiental urbana. Es muy importante por tanto que nuestra propuesta como Representantes del Público se centre -aunque por Reglamento sólo tengamos voz y no voto- en fomentar no el derecho de los ciudadanos y la población no solo para ser "consultados", o para "observar". En este momento consideramos que en el nuevo paradigma a implementar que nos da el Acuerdo de Escazú debemos promover EL DERECHO FUNDAMENTAL A DECIDIR por parte de la población integral : todos! niñas y niños, personas adultas mayores, migrantes, residentes de asentamientos formales pero también informales. Ojo: El abrir el Derecho Fundamental a Decidir en los procesos de toma de decisiones ambientales por causas urbanas o económicas implicará al inicio conflictos para ponderar los intereses entre todos los pobladores, donde tendremos que ponernos de acuerdo entre intereses opuestos (por naturaleza vgr. desarrolladores inversionistas, contra pobladores, etc), y luego llegar a acuerdos con las autoridades. Será un proceso de prueba, acierto y error propio de la implementación de los Derechos Humanos. Es nuestra oportunidad, aunque solo tengamos voz como Representantes del Público según Reglamento, para que a través de nuestra Voz, los gobiernos puedan implementar en sus procesos legales de planeación y ejecución de obras, actividades y proyectos que puedan afectar a las comunidades y los territorios urbanos o naturales, la regulación y concreción del derecho fundamental a Decidir en nuestros entornos y ambientes. En conclusión: El ambiente natural, urbano cultural, social no es patrimonio de la autoridad, sino es un bien común de todos nosotros, Por tanto debemos estar involucrados en una democracia efectiva y no meramente formal para gestionar las decisiones públicas. Implica un reto enorme, pero la crisis ambiental que enfrentamos requiere soluciones totalmente innovadoras y con nuevos enfoques, sustentados en los principios mandato de los derechos humanos y en los instrumentos como el de Escazú. No es un cambio de reglas, es un cambio en el Juego... Buenísimo punto de debate. Un saludo!+